La criatura había sido ultrajada meses atrás por la pareja de su abuela, quien se encuentra detenido.
En una decisión que seguramente traerá polémica en la opinión pública, la niña de 11 años que estaba embarazada como consecuencia del abuso sexual que perpetró la pareja de su abuela, fue sometida a una cesárea en el Hospital del Este “Eva Perón” de la localidad tucumana de Banda del Río Salí, donde permanece internada fuera de peligro.
“Es fundamental un plan de acompañamiento tanto a la familia como a la niña. Lamentablemente en poco tiempo es el segundo caso que se da de violación a menores”, explicó Fernanda Marchese, titular de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en declaraciones a un medio periodístico.
Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo médico del Siprosa, se limitó a comunicar a la Justicia que iba a activar el procedimiento y que había formado una junta médica. El funcionario no atendió las consultas y el Gobierno tampoco emitió un parte para precisar qué pasos seguirá respecto de este caso con repercusión nacional.
El embarazo cuya interrupción depende del Siprosa fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. La niña había acudido al establecimiento por un dolor de panza. Ante la constatación del estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, que por estos hechos enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter.
La niña no vivía con su madre, puesto que el concubino de esta había abusado de sus dos hermanas mayores (fuentes judiciales informaron que el autor de esos delitos fue condenado y está preso). El 25 de febrero, la víctima y su progenitora peticionaron finalmente la interrupción legal del embarazo.
La solicitud pasó por los Tribunales, pero el Siprosa acusó recibo de ella sin necesidad de orden judicial, tal y como establece el caso “FAL”. Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los Estados provinciales a proceder sin necesidad de judicializar el caso, justamente para evitar que las demoras procesales impidan el ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo producido por una violación.