Un grupo de adultos prendió fuego a la casa de un chico de apenas 10 años en Mar del Plata, luego de que lo acusaran de haber tocado a una compañera. No hubo contención escolar ni intervención psicológica, solo una turba de padres convencidos de hacer “justicia” por mano propia.
Lo que ocurrió no fue justicia: fue ignorancia encendida. Un niño de esa edad no tiene aún formadas las nociones de bien y mal; actúa desde la curiosidad, la imitación y la confusión. Lo que podría haberse abordado con diálogo y orientación, se transformó en una escena de barbarie.
La responsabilidad no recae sobre los menores, sino sobre los adultos que perdieron el control: los que juzgaron sin entender, los que callaron en la escuela y los que convirtieron el miedo en fuego. El sistema educativo, en lugar de intervenir pedagógicamente, dejó un vacío que la violencia llenó.
Lo ocurrido evidencia un contraste doloroso: la Ley 22.278 establece que un niño de 10 años no es punible, ya que la edad mínima de imputabilidad para delitos sexuales es de 13 años. Sin embargo, la reacción de la comunidad llevó a la familia a ser víctima de un acto de violencia extrema: la quema de su vivienda.
Por su parte, los organismos responsables de la protección de derechos de niños y adolescentes, como el OPNyA y las áreas locales de Niñez y Familia, mantienen una actuación discreta y pasiva, centrada en la confidencialidad y la intervención directa. Esto deja en evidencia la necesidad de equilibrar la comprensión legal, la educación comunitaria y la acción preventiva, para que la justicia y la protección de la infancia no queden subordinadas al miedo y a la reacción social.
La sociedad se rasga las vestiduras por los valores perdidos, pero ¿qué ejemplo da cuando la primera reacción ante un conflicto infantil es quemar una casa?Quemaron más que una vivienda: quemaron la oportunidad de enseñar, de reparar y de crecer como comunidad.
La pregunta incómoda:¿En qué momento los adultos empezaron a parecerse más a los monstruos que dicen querer castigar?