Como se mencionó previamente, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de Ley de justamente una nueva Ley de Discapacidad. Hay que decir que la administración libertaria no está cumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que la Justicia lo intimó varias veces.
A raíz de la crisis que se desató en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las supuestas coimas, ingresó a través del Senado, el texto se denomina “contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que habilita a modificaciones sustanciales a la legislación vigente y propone restricciones para posibles beneficiarios, reescribiendo nuevos criterios para acceder a la ayuda del Estado.
Hay que decir que el punto principal de esta Ley, al igual que lo que sucedió con la Ley de Financiamiento Universitario, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar tiempo, a través del debate de una nueva Ley. Aquí, el Gobierno quiere derogar los Artículos 5,8,9 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.
Si esto se sanciona, la nueva normativa reabre un reempadronamiento obligatorio para todos aquellos titulares de pensiones por invalidez, allí deberán constatar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión y la pérdida del beneficio”. Del mismo modo, esta iniciativa busca implementar un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión, que incluirá un cruce de información con ANSES, ARCA y SINTyS y otros organismos públicos.
Inconsistencia por trabajo en blanco y perdida de la pensión
La Casa Rosada sostiene que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda del Estado, aquí se permite la suspensión de la pensión ante cualquier “inconsistencia” de forma “preventiva”, además se aplicará frente a incumplimientos objetivos detectados en los cruces de datos, con derecho a defensa y proceso.
Hay que decir que, el nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero quita la posibilidad que tiene el Ejecutivo de dar aumentos en concepto de invalidez laboral y zona geográfica desfavorable.
Acerca del mercado laboral, indica la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal la inscripción en los regímenes laborales. Si esto se sanciona, se eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. Sin embargo, no es solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les daba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que también se elimina uno de los incisos que hacia referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como la promoción de los programas de reconocimiento de las empresas.
Del mismo modo, se elimina el piso mínimo de la calidad de las prestaciones con los aranceles homogéneos es que dispone de cambios en el financiamiento y la organización del sistema. Aquí se autorizan convenios entre la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración y la distribución de los fondos. De este modo, se elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
Baja a la pensión por invalidez
Si la comparamos con la actual legislación hay diferencias de fondo, ya que el proyecto se retrotrae a un estado anterior al de la Emergencia. Hay que decir que, la actual normativa, modificada en los últimos años, amplió el número de beneficiarios, enfatizando en un criterio más amplio de la discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. Este nuevo proyecto, retorna a la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. Esta iniciativa contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.
Entre tanto, el ingreso de esta iniciativa vía Senado es porque desde el Gobierno sostienen que la conformación de un nuevo número mayoritario es más fácil conseguir allí (Cámara Alta) que en Diputados. De todos modos, es probable que haya cierta tensión con los bloques “aliados” del Gobierno, que el año pasado se inclinaron en favor de la Emergencia en Discapacidad.
Mientras que el otro punto de discusión, es la actualización del valor de las prestaciones y las pensiones. Esta iniciativa ata a las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustarán trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se añade una compensación de emergencia asociada al IPC para los prestadores.
Diputados apura una nueva Ley de Discapacidad
Tanto la oposición como el oficialismo mantienen conversaciones. Mañana se tendrá que obtener dictamen sobre la Emergencia en Discapacidad, en medio de la “bomba”, como la definió la Jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, que se estipuló en el Presupuesto 2027.
En este caso, la oposición que encabeza Unión por la Patria (UXP) emplazó a las Comisiones para que se trate la prórroga de la Emergencia algo que según votaron los Diputados por unanimidad se tiene que realizar mañana.
Entre tanto, la oposición va a intentar avanzar en una prórroga. Del mismo modo, LLA insiste que está trabajando en una Ley “superadora”, pero tiene que haber negociaciones políticas.
“Está casi todo listo”, manifestó una fuente libertaria que esta al tanto de esta negociación. “Mantuvimos reuniones con las áreas de Discapacidad y Salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación y también con el ala política, que es el que definió que avancemos, y acordamos los lineamientos básicos. Ahora estamos en conversaciones con los aliados para pulir el texto”, señaló esta misma fuente.
Del mismo modo, tuvieron un papel muy importante Martín Menem, Diego Santilli y con menos exposición pública, Bullrich, y se homologaron estos avances a los sectores “técnicos” que confeccionaron el Presupuesto 2027.
El punto más polémico de la Ley de Leyes, es la eliminación del nomenclador, algo que es muy importante porque establece precios que deben cobrar los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a pagar ese piso. En pocas palabras, universaliza la prestación.
Nomenclador atado a la inflación
“Regresaríamos con el nomenclador”, indicó una fuente de LLA. Pero aquí, el punto no es solamente reponerlo, sino el ajuste del mismo. Dentro del Presupuesto, se dispone que será trimestral que se fijará de manera discrecional la secretaría de Discapacidad, que hasta ahora es mensual y atado al IPC. Ahora, la Ley de Leyes iría por un ajuste bimestral atado a la inflación.
Mientras que el otro punto es el acceso a la suspensión por Discapacidad. En ese punto, falta definir si se mantiene que una persona con pensión por discapacidad puede conservar el beneficio si consigue un empleo en blanco o si, como estipula el proyecto del Presupuesto, no son compatibles.
Algo que no es menor, es lo que tiene que ver con el apoyo del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), los dos espacios le pidan al Gobierno que salde la deuda con los prestadores, que viene acumulándose desde diciembre del 2023. Tanto es así que, en la última sesión, el Jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, tomó la palabra para que regularice la situación.
Por último, la primera definición de esta discusión que tiene a tres actores políticos (la oposición, el oficialismo parlamentario y Casa de Gobierno) será mañana cuando se acuerdo el dictamen. Quien junte la mayor cantidad de firmas del Plenario de Comisión de Discapacidad y Presupuesto se ganará el derecho a ser tratado primero en el recinto.