Más allá de las presiones del Gobierno Nacional, la oposición logró el quórum y el número necesario para aprobar en general la modificación a la Ley de DNU, que limita el poder del Presidente Javier Milei. Pero al momento de la votación, en un Artículo muy importante no se llegó a ese número deseado y ahora regresará al Senado, que puede insistir con la redacción original.
De acuerdo a la constitucionalidad, la aprobación del proyecto necesitaba de la mayoría absoluta; es decir 129 votos afirmativos. Obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones en la votación en general.
Y una vez que llegó el momento de votar el Artículo 3, ítem fundamental en este proyecto de Ley, logró 127 voluntades. Tan solo faltaron dos votos para que se sancionara y se convirtiera en Ley.
De todos modos, este Artículo habla de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que planteaba que estos mismos (DNU), se van a considerar aprobados, si tienen el aval de las dos Cámaras del Congreso de la Nación, con mayoría absoluta, y que eso debe suceder en el plazo de 90 días. Si esto no sucediese, el Decreto automáticamente queda derogado.
Hay que decir que, la oposición, tanto en la votación general en particular perdió 14 votos. “Sin dudas que la rosca hizo efecto”, decían desde el oficialismo.
Por otro lado, varios Diputados votaron en favor de la norma en general, pero a la hora de la votación en particular, más precisamente en el Artículo 3; tres Legisladores del PRO: Héctor Baldassi, Sofía Brabilla y Álvaro González y tres de la Coalición Cívica (CC): Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López, quien ya en Comisiones, planteó un dictamen propio en minoría.
¿Qué hicieron los ex aliados de LLA?
Al igual que cuatro ex libertarios del bloque Integración y Coherencia hicieron lo mismo: Oscar Zago, Gerardo González, Eduardo Falcone y Carlos D’Alessandro votaron a favor de la Ley en general, y en contra del Artículo 3. Estos cuatro Diputados dieron quórum en esta sesión.
Debemos decir también que los Gobernadores jugaron un papel muy importante. La Diputada santafesina del bloque de Democracia Para Siempre, Melina Giorgi, que responde a Maximiliano Pullaro se abstuvo en la votación en general y votó en contra del Artículo 3. Lo mismo ocurrió con el Diputado chubutense del PRO, Jorge Ávila, hombre que responde a Ignacio “Nacho” Torres.
Mientras que del lado de los Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Fabio Quetglas y Karina Banfi votaron en favor de la Ley en general, pero se abstuvieron en el Artículo 3 de la votación en particular.
Por el lado de Silvia Lospennato del PRO, se ausentó en la votación en general, pero ingresó más tarde para votar en contra del Artículo 3. Y desde el entorno del Diputado Facundo Manes que estaba como ausente en la votación en particular, aclararon que se trató de un “error”.
¿Qué modificaba la Ley?
Esta Ley (26.122) que promovió la entonces Senadora Cristina Kirchner, durante el Gobierno de su esposo, Néstor Kirchner se aprobó en el año 2006. A partir de ese entonces, todo DNU entraba en vigencia desde el momento de su firma, a menos que sea rechazado explícitamente por ambas Cámaras del Parlamento.
Pero este nuevo proyecto que redactó el Senado plantea todo lo contrario ya que estipula que para que quede aprobado un DNU, tiene que tener el apoyo de las dos Cámaras, por mayoría absoluta de los presentes, y dispone de un plazo de 90 días. Caso contrario el DNU se cae. Al mismo tiempo, si una de las dos Cámaras lo rechaza también se cae. Lo mismo ocurre con una Ley.
Y es que, el punto de plazo es el que se cayó. Ya que en las Leyes cuando se aprueban también deben tener sus Artículos aprobados, eso se modificó y ahora deberá regresar al Senado, donde volverán a insistir con la norma original.
Por su parte, el Senado aprobó la Ley de DNU en septiembre con 56 votos a favor y 8 en contra. Ese número bastó para que la Ley pueda ser sancionada.
Mientras que desde el Gobierno indicaron que más allá de que no es una Ley que implique un costo fiscal directo aseveran que si se aprueba definitivamente va a tenerla. De ese modo, el oficialismo, corre con esa ventaja, ya que la oposición quedó lejos de los dos tercios que necesitaría para voltear la decisión del Ejecutivo.
La judicialización de esta Ley
Otros en cambio hablan de judicialización. Y es que los Diputados de la oposición consideran que como la Constitución Nacional establece (en su Artículo 99, inciso 3) que el Parlamento es el encargado de regular el trámite de los DNU, el Ejecutivo no tiene potestad para rechazar el sistema que ellos sostienen que es el correcto.
Por otro lado, Pablo Juliano, Legislador de Democracia Para Siempre, advirtió que va a haber un debate constitucional, que se saldará en la Corte Suprema de Justicia. “Si el Presidente se entromete en el veto de una facultad que es clarita del Congreso estaríamos en un conflicto de poder. Esto no es materia de veto”.
El “golpismo” o “gobernabilidad”
Al mismo tiempo, en el debate plantearon dos palabras; por el lado de LLA indicaron que se trata de un proyecto “golpista”, “desestabilizante” y “destituyente”, y la oposición se defendió con uñas y dientes, argumentando que hubo un “abuso” de uso de los DNU, y que con estos cambios es posible encauzar la negociación política y la “gobernabilidad”.
“No es una iniciativa contra su Gobierno ni contra el Presidente. Hemos actuado siempre con responsabilidad pero este modelo de DNU está agotado. El cambio es positivo para construir gobernabilidad”, dijo Miguel Ángel Pichetto, que al mismo tiempo reconoció que él había votado a favor de la Ley original en 2006, y que se trató de “marco de la emergencia” que vivía el país ese año.
En ese sentido, opinó Nicolás Massot: “esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de Legisladores en una de las Cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve”.
“Nadie puede creer que realmente quieran mejorar las instituciones, quieren desestabilizar al Gobierno, generar inseguridad jurídica”, se quejó el Diputado de LLA y el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
“El Gobierno se desestabiliza solo cuando va en contra de las universidades, contra los jubilados, contra la discapacidad”, retrucó el Diputado de Unión por la Patria (UXP), Diego Giuliano.
De todos modos, este tema incomodó tanto al PRO como a la UCR, que desde hace mucho tiempo batallaban con el kirchnerismo para cambiar esta Ley, sin embargo, ahora argumentan que, es oportunista y peligrosa, ya que LLA gobierna en minoría.
La queja del PRO
“En 2006 esto era una escribanía”, recordó Silvana Giudici, Diputada del PRO, quien agregó que esta nueva Ley es “inconstitucional”. “De la sanción ficta van a pasar al rechazo ficto. Un agujero a la seguridad jurídica y la previsibilidad que tiene que tener una norma”, dijo sobre el plazo de 90 días que estipula el proyecto, tiempo en el cuál el Decreto puede aprobarse como caerse.
Por otro lado, la UCR de Rodrigo De Loredo planteó algo intermedio, modificar la Ley, pero que comience a regir a partir del 2027. Es decir, con el próximo Gobierno. “Los argentinos de vuelta con dos opciones: o se desestabiliza un Gobierno o se continúa con ‘vetocracia’ y DNU”, se quejó el Legislador cordobés.
Mientras que el titular del bloque de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, apuntó contra el kirchnerismo y contra sus ex compañeros de Juntos por el Cambio (JXC): “sé que hoy hay oportunistas y advenedizos, pero también sé que hay republicanos y de ocasión”.
Entre tanto, el quórum se consiguió con 132 presentes: 96 de los 98 Diputados de UXP; la gran mayoría de Encuentro Federal, incluidos de los cordobeses, que le responden al Gobernador, Martín Llaryora; la mayoría de Democracia Para Siempre; la Coalición Cívica (CC); la Izquierda; tres Diputados de la UCR (Fabio Quetglas, Julio Cobos y Roberto Sánchez), y dos del bloque Coherencia: Lourdes Arrieta y Marcela Pagano.
Por último, el interbloque de ex libertarios, Desarrollo y Coherencia, ya mostró la primera diferenciación, ya que los otros cuatro integrantes (Carlos D’Alessandro, Oscar Zago, Gerardo González y Eduardo Falcone) no bajaron. Y más allá que no tiene Gobernadores propios estaban pendientes de qué hacían los Legisladores porque no querían quedar “pegados” con el kirchnerismo.