Si no hay ningún contratiempo, el Gobierno y las universidades nacionales cerrarían un acuerdo salarial de 24,3%, más transferencias de fondos para las becas, hospitales universitarios y colegios preuniversitarios. Lo que significaría ponerle fin a un conflicto que date de hace más de dos años.
Hay que decir que los sindicatos universitarios convocaron ayer a un nuevo paro en todas las universidades del país del 16 al 20 de junio, sin embargo, las negociaciones entre un grupo de rectores y los funcionarios del Gobierno siguieron su curso. De todos modos, el principal obstáculo ya estaría solucionado, pero el otro conflicto radica en que las universidades no van a retirar la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y cuyo expediente de trámite que le es favorable a las universidades, está por vía de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia.
Y según las fuentes universitarias, hoy martes podría firmarse este acuerdo entre los representantes del ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que es encabezado por Franco Bertolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Mañana sería el turno de la firma con los sindicatos del sector.
De acuerdo a lo que se rumoreó la semana pasada, este acuerdo es una “solución intermedia”, a la incumplida Ley de Financiamiento Universitario. Y esto significa una recomposición salarial de 24,3% (21,3% desde julio y otro 3% en octubre), además de más fondos para becas y hospitales universitarios.
Propuesta insuficiente
Sin embargo, hasta el momento hay incertidumbre, y las propias autoridades universitarias la definen como “delicada y compleja”. Aquí no solo están involucradas las autoridades universitarias, sino también los gremios docentes y no docentes. Aunque, de todas formas, esta oferta salarial es inferior a lo que está establecida en la Ley vigente, que además la administración libertaria está incumpliendo.
De todos modos, los trabajadores universitarios necesitan algún tipo de alivio frente a la caída del 50% del poder adquisitivo. Y el Gobierno de Javier Milei es el único que puede brindar una respuesta concreta, que aún mantiene demorada la Corte Suprema de Justicia, que debe responder si toma o no este caso. Pero como se trata de una medida cautelar, se supone que lo corresponde. Sin embargo, se abriría la puerta a la ejecución de las sentencias que obligaba a pagar los fondos de las universidades, que serían uno 2,8 millones de pesos.
Al mismo tiempo, el acuerdo que se rubricaría sería de unos 800 mil millones de pesos, y lo patearía para una “comisión técnica” y las paritarias que se convocarían de forma trimestral, que es un reclamo que exigen las universidades.
Pero, la recomposición del 24,3%, a los magros ingresos de los docentes y no docentes universitarios (que en su inmensa mayoría, están muy por debajo de la canasta para seguir considerándose una familia de clase media), serían un 7% a cuenta de lo que se perdió en el 2024; 12,6% en el 2025 y a eso hay que sumarle la actualización hasta mayo de este año, precisaron fuentes del esta negociación.
Las negociaciones
Estas negociaciones la llevaron adelante el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (dentro del ministerio de Capital Humano), con las autoridades del CIN, su titular Franco Bartolacci, y Alejandro Torres, Vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
De todos modos, en medio de esta negociación, se encuentra el rol de la Corte Suprema, que continúa demorando su pronunciamiento básico, de si entiende o no el recurso extraordinario que lo llevó el Gobierno tras perder su contienda en primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Pero, el pasado viernes, el Máximo Tribunal dio señales cuando no aceptó la recusación de sus miembros realizada por el Ejecutivo, que esgrimía que por ser docentes universitarios actuarían con parcialidad.
Hasta el momento, la Corte no emitió ningún pronunciamiento, por lo cuál se cree, a la espera de que los protagonistas encuentren una solución a través de la negociación. En las próximas horas habría un desenlace. Y ante esto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) le mete presión a las autoridades y para hoy armó una “clase pública” frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle a las 11 horas.
De igual modo, para las autoridades universitarias esto traería un alivio momentáneo. En la actualidad el 90% del presupuesto universitario se destina a pagar salarios del personal docente y no docente. Sin dejar de lado, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que sancionó el Congreso de la Nación y confirmó frente al veto de Javier Milei, por lo tanto dirán que con este acuerdo esta norma comienza a cumplirse.
Becas, hospitales y colegios preuniversitarios
No solo hay este incremento en dos tramos, sino que el Gobierno Nacional se comprometió a que los salarios de los trabajadores universitarios no sigan perdiendo frente a la inflación.
De acuerdo a Emiliano Yacobitti, rector de la UBA, precisó que en el acta también se incorporaría un incremento del 50%, en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo de la Argentina. “Y habrá un financiamiento de 50 millones de pesos para los hospitales universitarios”.
Al mismo tiempo, estas conversaciones incluyen además una discusión puntual sobre una asignación para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios.
Mientras que en las escuelas de enseñanza media, la situación salarial docente es más compleja, ya que los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). A su vez, ese deterioro forma parte de esta negociación con el Ejecutivo, universidades y los gremios.
La pelea entre el Gobierno, las universidades y la Corte Suprema
Sin embargo, más allá de este acuerdo, el frente judicial continúa en un limbo. Yacobitti sostuvo que los rectores “no van a retirar la demanda”, haciendo referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que al momento la Corte no se expidió.
Actualmente, esta causa tiene una medida cautelar que se ratificó dos veces, pero hoy la resolución definitiva quedó en manos del Máximo Tribunal que hay que decir que, no tiene plazo para emitir un fallo.
Y el argumento del Gobierno es que la Ley que sancionó el Congreso es “ilegal”, ya que según su interpretación no cumple con la normativa de administración financiera que pide identificar la fuente de los recursos. Es por eso que el Gobierno aduce que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
CONADU manifestó al portal Infobae: “por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno tiene que convocar a paritarias, cosa que no hace hace años”.
Al mismo tiempo, esta desconfianza aparece también en el círculo de rectores, que exigen que cualquier solución salarial incluya la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones gremiales. Esto abarca a los docentes y no docentes.
Las universidades continúan en estado de alerta
Mientras que las universidades continúan en estado de alerta. El pasado 26 de mayo, el centro de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria llevaron a cabo clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para reclamar a los Jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.
Por último, los estudiantes de las escuelas preuniversitarias tanto el Nacional Buenos Aires como el Carlos Pellegrini, tomaron los establecimientos educativos como medida de protesta.