Como se dijo previamente, el lunes de Carnaval, la Confederación General del Trabajo (CGT), determinó realizar un paro general en contra de la reforma laboral. De todos modos, la medida de fuerza será de 24 horas. Y como consecuencia de esto, se endurece la postura de los sindicalistas con el Gobierno de Javier Milei.
Esto lo resolvió de manera virtual el Consejo Directivo del movimiento obrero, que hay que decir que, se convocó de manera urgente frente a la posibilidad de que mañana Diputados lo trate en el recinto, ya que la administración libertaria quiere convertirla en Ley lo antes posible.
Al comienzo, el movimiento obrero quería conservar su estrategia dialoguista y continuar buscando más cambios a la reforma laboral o como medida extrema trabar el tratamiento legislativo, por lo tanto, la decisión de convocar a una huelga general se debió principalmente a la presión de las bases y de los gremios díscolos, y a eso hay que sumarle el polémico Artículo 44 que reduce el pago del 75% o el 50% del salario en los casos de licencias médicas.
De hecho, en esta reunión virtual, hubo gremialistas que propusieron hacer un paro con movilización al Congreso como sucedió la semana pasada, pero eso no prosperó. Se determinó una huelga general con paralización total de actividades, tomando más fuerza con la adhesión de los gremios del Transporte.
La propuesta de realizar un paro con movilización la hizo uno de los triunviros de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), que al mismo tiempo, la apoyaron Osvaldo Lobato, mano derecha del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quién para mañana dispuso un paro con una marcha al Congreso. Y el otro referente gremial que solicitó un paro con movilización fue Sergio Palazzo (La Bancaria). Finalmente, esta propuesta se descartó.
La adhesión al paro general de la UTA
De por sí, tras este anuncio de la huelga general, no estaba definida la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los conductores de los colectivos, que, a su vez, no forma parte de la conducción del movimiento obrero por diferencias con la elección de este triunvirato, y, además, porque es poco frecuente que se sumen a un paro general, como ocurrió el 10 de abril del año pasado, cuando no se adhirió a la huelga general que convocó la central obrera, con el argumento de que estaba en conciliación obligatoria que dictó el Gobierno de Javier Milei por un conflicto salarial.
Y de acuerdo a lo que anticipó Infobae, uno de los líderes de la CGT llamó el pasado sábado a uno de los referentes de la UTA, que comanda Roberto Fernández, para tantear su adhesión a la huelga general. La respuesta del otro lado fue afirmativa y así está garantizado el éxito de la medida de fuerza.
“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, adelantaron a Infobae desde el sindicato de los colectiveros.
De todas maneras, hay que decir que, la adhesión de los sindicatos del Transporte refuerza la idea de que la huelga general tendrá un fuerte impacto a nivel nacional, que probablemente se hará mañana, ya que podría sesionar Diputados, o hacerlo la semana próxima, si el oficialismo tiene que negociar entre sus Legisladores aliados para la aprobación de la reforma laboral.
Un paro exitoso
Por otro lado, el resto de los gremios del Transporte se sumarán a la medida de fuerza: La Unión Ferroviaria (UF), comandada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, sindicato que aglutina a los maquinistas de los trenes comandada por Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que aglutina a los camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
Y más allá que la central obrera le ganó la pulseada al Gobierno por el tema de las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales sindicales, el enojo de la CGT se agudizó luego de la aprobación en la Cámara Alta del polémico Artículo 44, que recortaba el derecho a percibir el 100% del salario por enfermedad o accidente no asociado a la actividad laboral. De acuerdo al texto oficial, los afectados percibirán el 50% del salario, con la posibilidad de un 75% si la situación no obedece a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Esta reducción, según las fuentes oficiales, nunca estuvo en el debate original lo que derivó en una fuerte reacción de la conducción cegetista.
“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, sostuvo a Infobae un referente gremial dialoguista de la CGT, quién destacó las internas que hay en el oficialismo por la llamativa incorporación de este Artículo.
“Se trata de un error”
Al mismo tiempo, en el Gobierno reconocen que se trata de un “error”, y evalúan modificaciones, como una corrección mediante el Decreto reglamentario de la Ley para así evitar que ese punto se viera comprometido con la veloz sanción de esta normativa que apura la administración libertaria. La Jefa de la bancada de Senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich justificó a Todo Noticias (TN) este cambio: “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, sin embargo, la Senadora dejó abierta la puerta para garantizar el salario pleno a quienes sufran enfermedades graves.
De por sí, la estrategia judicial está sobre la mesa de la CGT. Es más, en un comunicado interno, el movimiento obrero manifestó que se opone a la reforma laboral toda en su conjunto porque la considera “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.
El mismo (comunicado) destaca: “tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”, y, además advierte que la iniciativa del Gobierno libertario cercena los principios de progresividad y no regresión, algo central en la crítica gremial y en la futura ofensiva judicial. Al mismo tiempo, indica que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige un esquema tripartito para llevar a cabo una reforma laboral, algo que en este caso no ocurrió, y anticipa una contienda en los Tribunales si el proyecto se convierte en Ley.
Paro y movilización de los gremios díscolos
Pero no sólo hay internas en el Gobierno libertario, si no también en la central obrera, ya que el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que nuclea a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la UOM, Aceiteros y las dos CTA piden medidas más drásticas, y ya anunciaron un paro con movilización para mañana al Congreso cuando se trate este proyecto en Diputados.
Por último, el rechazo del movimiento obrero excede el Artículo 44 y abarca a las restricciones sobre el derecho a huelga en los servicios esenciales, cambios en las indemnizaciones, banco de horas, vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales, entre otros puntos que están dentro de la reforma laboral.