Protestas de policías en Santa Fe y Rosario por salarios y condiciones laborales. El suicidio de un suboficial reavivó el reclamo y generó tensión con el gobierno.
Rosario/Santa Fe. Una serie de protestas y acuartelamientos parciales de personal policial y penitenciario autoconvocado sacude a Rosario y la ciudad de Santa Fe. El reclamo combina malestar salarial, condiciones laborales y un fuerte impacto emocional tras el suicidio de un suboficial de 32 años en Rosario. Compañeros del agente sostienen que había sido obligado a trabajar pese a contar con carpeta médica y sin contención psicológica.
Salarios y condiciones bajo la lupa
Según los manifestantes, un agente ingresante percibe entre $800.000 y $900.000 mensuales, mientras que el sueldo básico de un suboficial ronda los $130.500 y se completa con adicionales. La estructura salarial —con fuerte peso de ítems no remunerativos— es uno de los principales focos de conflicto. También señalan falta de apoyo en salud mental y sobrecarga horaria.
La respuesta del gobierno provincial
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunciaron medidas para descomprimir la situación. Entre ellas, un plus de $500.000 para tareas en zonas críticas como Rosario y Santa Fe, y $250.000 para choferes de patrulleros. Además, la Tarjeta Alimentaria para el Personal (TAP) se actualizó de $80.000 a $160.000.
Desde el Ejecutivo sostienen que, con estos adicionales, un efectivo podría superar los $1.900.000 mensuales, incluso por encima de ingresos en fuerzas federales. Los manifestantes responden que esos montos no alcanzan a todos y, al no ser remunerativos, no impactan en aguinaldo ni jubilación.
Tensión en la calle y sanciones
Al menos 20 agentes que participaron de las protestas fueron pasados a disponibilidad y se les retiró el arma reglamentaria y el chaleco. Frente a la Jefatura de Rosario y la Casa de Gobierno en Santa Fe se registraron “sirenazos” y concentraciones. Algunos familiares denunciaron episodios de represión entre efectivos que seguían órdenes oficiales y quienes apoyaban el reclamo.
Impacto en la seguridad
El gobierno afirma que el patrullaje no se interrumpió, aunque reconoce un clima de “brazos caídos”. Las familias policiales ganaron protagonismo en el reclamo, ya que los agentes en actividad tienen prohibido sindicalizarse o realizar protestas por ley.
El conflicto deja en evidencia un tema de fondo: cómo sostener la seguridad pública cuando quienes la garantizan cuestionan sus propias condiciones laborales y emocionales. Resolverlo exige algo más que números: requiere confianza, previsibilidad y cuidado humano.
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