El senador por San Lorenzo Armando Traferri quedó involucrado en la causa por juego ilegal y coimas luego de que el ex fiscal Ponce Asahad lo señalara como parte de una red de connivencia delictiva, de la que también formaba parte el ex jefe de fiscales Patricio Serjal
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad de Delitos Complejos, anunciaron a la prensa que pedirán el desafuero del senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, con el objetivo de llevarlo a audiencia imputativa por una causa de juego ilegal y coimas que investigan.
Esta mañana, Traferri se presentó en el Centro de Justicia penal para prestar declaración en la causa que investiga su connivencia con una red de juego ilegal. Luego de dos horas de audiencia, se retiró sin hablar con la prensa; aunque aseguró que el lunes próximo brindará una conferencia de prensa para hacer pública su situación.
Concluida la audiencia, los fiscales Edery y Schiappa Pietra brindaron una rueda de prensa en la que hablaron del encuentro con Traferri.
“Hoy tuvimos una audiencia en base a un escrito que habían presentado, les pedimos explicaciones sobre ese escrito“, explicó Edery.
Y agregó: “Considerábamos que ese escrito era inconsistente con la evidencia que nosotros tenemos en la causa“. El fiscal explicó además, que les entregaron a Traferri y su asesor las pruebas que hay en su contra, por las que podría quedar imputado.
“Le preguntamos si era su voluntad desaforarse voluntariamente y admitir que lo imputemos el día que formulemos la audiencia imputativa“, señalaron. Sin embargo, el asesor legal de Traferri no consideró una opción la renuncia a los fueros; por esa razón, los funcionarios deberán solicitar el desafuero.
“Vamos a proponerle a la Cámara de Senadores, la semana que viene, las explicaciones fundadas del caso por las cuales solicitaremos el desafuero, porque lógicamente tenemos elementos para imputarle al senador un hecho delictivo”, sostuvo en este hilo Schiappa Pietra.
La causa y los involucrados hasta ahora
La investigación, que se inició por una red de extorsionadores y garitos clandestinos que operaban en varias ciudades del sur de Santa Fe el año pasado, dio un vuelco en agosto, cuando uno de los imputados, el empresario Leonardo Peiti, decidió declarar como “arrepentido”.
En su declaración, dijo que en noviembre de 2019 el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad lo contactó para pedirle “entre 4 y 5 mil dólares” mensuales, a cambio de brindarle información sobre procedimientos judiciales contra el juego clandestino; y darle cobertura al negocio ilícito.
Testigos y cámaras de videovigilancia corroboraron las declaraciones de Peiti y dieron sustento a la acusación contra Ponce Asahad.
En ese marco, el viernes pasado, Ponce Asahad pidió ampliar su declaración e involucró a otras personas. Entre ellas, al ex jefe de los Fiscales Patricio Serjal; al senador justicialista Traferri, y al ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
La alianza Traferri-Lifschitz para controlar a Saín
Con este último, el senador sanlorencino se asoció políticamente para sancionar una ley que establece controles a los gastos reservados de la cartera de seguridad encabezada por el ministro Marcelo Saín.
A la que se suma otra que establece incompatibilidades de cargos entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde Saín aún ejerce como director del Organismo de Investigaciones, y el Poder Ejecutivo.
Dos normativas que el sector afín a Omar Perotti denuncia como un golpe directo a Saín; y que el gobernador vetará el lunes próximo, según trascendidos.
En el escrito que presentó en su defensa, Traferri afirmó que “la política de la provincia se muda de escenario y traslada el teatro de su realización, en un trasbordo institucionalmente peligroso, al ámbito del Poder Judicial y más precisamente, al ámbito del MPA“. Y puso en la mira al ministro de Seguridad como artífice de una “campaña de desprestigio”.
Al respecto, los fiscales Edery y Schiappa Pietra afirmaron: “En esta causa no tiene nada que ver el ministro Saín como se está mencionando; la imputación que queremos hacer es en base a las pruebas que tenemos“.
Ahora, la Legislatura de la provincia deberá decidir si acepta el pedido de los fiscales y da lugar a que se avance con la imputación.
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