El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, consideró que no se cometió el delito de cohecho.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la causa donde se investigaban escuchas telefónicas entre el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el exjefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez. Consideró que no se cometió el delito de cohecho, tras tomar una serie de medidas tendientes a esclarecer si existieron sobornos en un concurso de ascensos dentro de la fuerza de seguridad.
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, consideró que las dos comunicaciones establecidas entre el ministro y Rodríguez, una del 22 de junio 2017 y otra del 18 de agosto de ese mismo año, no surgen conductas que pudieran haber sido contempladas dentro de la figura penal de cohecho.
“La evidencia reunida arroja que los exámenes no fueron confeccionados con preguntas preestablecidas, sino que fueron entrevistas de carácter coloquial precedidas de la exposición del concursante, razón por la cual al momento de puntuar globalmente al concursante, el jurado conocía tanto el nombre con el seudónimo utilizado por el concursante”, destacó Hernández en su dictamen.
El hecho se conoció cuando, por orden del fiscal Roberto Apullán, se ordenó la detención de Rodríguez, el 9 de octubre del 2017, en momentos en que el jefe se encontraba a cargo de la Unidad Regional V de Rafaela.
Dicha aprehensión se dio en razón de una serie de escuchas donde el exfuncionario policial había mantenido diálogos con el titular de la cartera de Seguridad, sobre la fecha de inscripción para rendir el cargo de Director General de la Policía de Santa Fe. A su vez, referían sobre que el presidente del jurado era el mismo Pullaro, el cual que le iba a dar las respuestas, en tono chistoso, a Rodríguez.
Los diálogos fueron interceptados por los fiscales Apullán y su adjunta, María Laura Martí, que investigaban a Rodríguez por el desvío de fondos de las Orden de Servicio Extra de Policía (Ospe) cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Regional I.
En medio de esa compleja investigación -de la cual sí está imputado Rodríguez- los funcionarios solicitaron al juez penal Nicolás Falkenberg la intervención de un número telefónico que pertenecía al Estado provincial y que estaba a cargo del propio Pullaro ya que entendieron que existía cohecho activo y pasivo.
El magistrado aceptó y dio lugar al pedido de escuchas. Tal proceso judicial, que según el ministro Pullaro, se dio de manera ilegal -ya que según su criterio los fiscales no advirtieron de quien era la línea a intervenir-, motivó a que en 2018, los fiscales Apullán y Martí sean imputados por los delitos de “falsedad ideológica”,”incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” y “abuso de autoridad” por no explicarle al juez de quién era la línea a intervenir.
La imputación estuvo a cargo de los fiscales rosarinos Juliana González y Gustavo Ponce, en el marco de una denuncia que radicó el propio ministro Pullaro días después de que las escuchas se filtren en la prensa y generen un fuerte simbronazo en el Gobierno Provincial y el propio Poder Judicial de la provincia.