Por el momento, la Confederación General del Trabajo (CGT), aún no definió ninguna medida de fuerza, ni tampoco ninguna modalidad, pero en off se habla de una “semana social de protesta”. Pero ¿Qué significa esta frase? Es un misterio. Lo que sí está confirmado es que la central obrera va a retomar la embestida contra el Gobierno de Javier Milei.
Tras haber canalizado sus denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la conducción cegetista no perderá el tiempo, más allá del stand by mundialista: mañana recibirá a los líderes sindicales de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar como continúa el plan de lucha.
A partir de ese día, van a definir como le ponen un alto a la administración libertaria, que según ellos es cada vez más hostil con los sindicales y los trabajadores. Así lo interpretaron luego de la reglamentación de la reforma laboral, que hace énfasis en los límites al financiamiento de los sindicatos mediante las cuotas solidarias, el condicionamiento de los convenios colectivos y fomentar los sindicatos por empresa, entre otros puntos que ponen en jaque al poder gremial.
Mientras que la gran mayoría de la cúpula sindical sostiene que se debe congelar las medidas de fuerza, sin embargo, nadie sabe cual es la mejor manera de protestas para intentar frenar las políticas de ajuste de Javier Milei. De hecho, la excepción son los sindicatos díscolos que insisten en llevar adelante un paro general.
La CGT no está del todo convencida en llamar a un paro
Y es que muchos referentes de la CGT sostienen que convocaran a un nuevo paro general es riesgoso ya que no hay garantías de alto acatamiento (el último paro fue el 19 de febrero y fue flojo): del mismo modo, muchos trabajadores tienen miedo de perder el empleo o no quieren dejar de ir a trabajar para no perder el presentismo por temor a adherir a una huelga o no quieren dejar de cobrar un día de trabajo. Al mismo tiempo, también saben que la administración libertaria no va a cambiar su política de ajuste por más que la central obrera continúe una serie de protestas hasta el final del mandato.
Por otro lado, el problema para los referentes sindicales es intentar acercar posiciones con aquellos díscolos que presionan para que se convoque a un nuevo paro general. Allí está la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), La Fraternidad, Gastronómicos, entre otros. Todos ellos exigen una huelga general de 36 horas.
Es por eso que avanza la idea de discutir distintas instancias del movimiento obrero una propuesta que sugirió Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), líder de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuando se debatió el último paro general de la central obrera: llevar adelante un plan de lucha similar al que se realizó en Francia en 2023 para protestar contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron.
¿Cómo es el paro “a la francesa”?
¿Cómo fue esta protesta? En vez de parar todo un país durante semanas, los gremios coordinaban paros por sectores y de forma secuenciada. En pocas palabras, una semana paralizaron los trenes, luego el sector de la energía y las refinerías, a la semana siguiente, los recolectores de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, que se complementaron con movilizaciones diarias callejeras, hasta llegar a una medida nacional que aglutinó a todos los sindicatos.
De este modo, el impacto rea fue mucho más fuerte porque la protesta continuó a lo largo de las semanas, y además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario. Esto los franceses lo llamaron “huelga por escalada”: sus impulsores aseguraron que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios sindicatos y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.
Y es que Schmid y otros referentes de la CATT como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) sostienen que hacer un solo paro sin continuidad pierde eficacia y por eso deslizaron hacer una huelga “a la francesa”, algo que al momento no fue escuchado.
Por su parte, esta protesta ya cuenta con más adhesiones y algunos ya la llaman “la semana social de la protesta”. Del mismo modo, comenzarán a analizar esto a partir de mañana, junto con otras variantes más tradicionales. Entre tanto, la semana próxima estas protestas la discutirá el Consejo Directivo de la CGT.
La toma de decisiones
Mientras que hay quienes que proyectan que luego que delibere el plenario de secretarios Generales el Comité Central Confederal, que es el máximo órgano ejecutivo del movimiento obrero, para definir este nuevo plan de lucha. Desde el movimiento obrero apuntan a mejorar el mecanismo de la toma de decisiones.
¿Esto que significa? Exigir que las reuniones del Consejo Directivo vayan los referentes sindicales, ya que como sucede ahora, van referentes de segundas o terceras líneas, cuya opinión no termina siendo representativa o no implica un compromiso efectivo de la organización a la cual pertenecen.
“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamo sectoriales”, se quejó un líder del movimiento obrero a Infobae.
Es porque la central obrera comandada por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Trabajadores del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) comenzarán con las consultas con la mayor cantidad de colegas posibles para que esta modalidad elegida para protestar sea apoyada por otros y se cumpla.
A su vez, de acuerdo a lo que adelantó Infobae, en la secretaría de Políticas Educativas del movimiento obrero, que lidera Sergio Romero (UDA), van a otro ritmo, ya que están conversando con otros gremios del sector docente con el fin de lanzar un paro de maestros, luego del 19 de julio, fecha en la termina en Mundial, en reclamo de un incremento salarial para los docentes, cuyo mínimo continúa en $500.000 mil pesos.
La reforma laboral
Sin embargo, más allá de que se apruebe el “modelo francés”, en el país hay una serie de impedimentos para que se lleve a cabo. En primer término, esta la Ley de Modernización Laboral, que incluye la obligación de mantener servicios mínimos del 50% o 75%, en aquellas actividades que se consideran esenciales, como el transporte, la salud, la recolección de residuos y la energía, entre otros (pero la educación quedó exceptuada luego de que el Juzgado Laboral N°74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector).
También es muy probable que frente a estas medidas, el Gobierno de Javier Milei declare la conciliación obligatoria, lo que significa levantar la medida de fuerza y negociar durante 15 días. Y sino se acata esta resolución, va a haber sanciones graves. Esto ya le sucedió a La Fraternidad, sindicato que comanda Omar Maturano, a la cual la secretaria de Trabajo le aplicó una multa de 21 millones de pesos por no acatar la conciliación obligatoria durante el último paro de la central obrera.
De todos modos, esto podría sucederle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), comandada por Roberto Fernández, porque cuando el movimiento obrero realizó su cuarta huelga general solamente paralizó el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, ya que dictaron la conciliación obligatoria en el interior del país por un conflicto salarial, donde no se hizo paro.
Sin embargo, la posible multa calculada sobre la cantidad de trabajadores afectados a la medida de fuerza, que es de una suma exorbitante: 70 millones de pesos. De momento no terminaron los relevamientos para determinar si el sindicato desoyó la conciliación obligatoria, algo que llama la atención porque esta medida de fuerza que fue cuestionada se realizó hace cuatro meses.
¿El Gobierno sancionará a la UTA?
Por último ¿Se concretará la sanción a la UTA o el Gobierno la dejará en suspenso como herramienta de presión para intentar que los colectiveros no se adhieran a otra posible huelga general de la centra obrera? Es una duda que crece, mientras que los gremialistas analizan implementar medidas “a la francesa”.