No hay luz al final del túnel, debido a que los sectores que generan movimiento en la economía están paralizados, sin embargo, el Gobierno de Javier Milei dará un nuevo paso para modificar las Leyes laborales en nuestro país. Es por eso que, el secretario de Trabajo, Julio Cordero citará a gremialistas y a las cámaras empresariales para rediscutir más de 150 convenios colectivos de trabajo, que hay que decir que, ya vencieron, aprovechando el envión de los últimos meses que le dio más poder a la administración libertaria.
Hay que decir que los Decretos 407 y 408 de la semana pasada reglamentaron puntos muy importantes de la reforma laboral, que apuntan a quitarle poder a los gremios y que incentivan a los sindicatos por empresa, y que además reducen los aportes a los gremios. Y de acuerdo a lo que adelantó Clarín, la cartera laboral tendrá que citar a todas las partes involucradas para renegociar aquellos convenios que están vencidos, a partir de los 30 días de entrada en vigencia de este Decreto. “Eso es lo que estamos analizando en este momento”, sostuvieron desde la secretaria de Trabajo. En primer término, esta convocatoria va a abarcar a los gremios y a los empresarios de más de un centenar de sectores, sostuvieron estas mismas fuentes.
Eliminación de la ultraactividad
Lo que aprovechará el Gobierno es la eliminación de la ultraactividad de los convenios. Hay que decir que hasta no hace mucho tiempo continuaban en vigencia los convenios, sin la necesidad de la ratificación. Pero al entrar en vigencia algunos puntos de la denominada “modernización laboral”, dispuso que durante el plazo de un año la cartera laboral puede convocar a las partes a negociar aquellos acuerdos que están vencidos, lo que significa una exposición de la mayoría de las actividades a ser revisadas sin prórroga automática.
De todas maneras, la Ley 27,802 que se promulgó en marzo pasado enfatizó en la eliminación de la ultraactividad de las denominadas cláusulas obligacionales de los convenios, en pocas palabras, aquellas que abarcan el vínculo empresas-sindicatos, como es el caso de las famosas “cuotas solidarias”. Sin embargo, los asesores de las empresas indican que los empleadores pueden utilizar este recurso, como un mecanismo de negociación para rediscutir las cláusulas normativas, siendo el caso de las condiciones de trabajo y los salarios. Opinión que también comparten los abogados que asesoran a la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos más importantes.
Por otro lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a los alcances de la Ley 27.802 y aseveró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”, sostuvo. Entre tanto, Gustavo Ciampa, abogado del movimiento obrero, indicó que “desde 2003 existe la negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”.
Convenios a la baja
Mientras que algunas entidades empresarias que están en el llamado “Grupo de los Seis” (Unión Industrial Argentina-UIA, Comercio, Construcción, Bancos, Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio), destacan que el objetivo de estos cambios es “negociar los convenios a la baja” y quitarle la capacidad de negociación a los sindicatos, más que nada en la llamada cuota solidaria y aportes. “Son costos que el Gobierno considera superfluos por entender que los mismos fortalecen a los gremios como institución”.
Entre tanto, desde el movimiento obrero subrayan que este Decreto Reglamentario es “contradictorio”, y que se presionan nada más a algunos empresarios, pero si abren todos los convenios, el riesgo de conflictividad es muy elevado. A su vez, hay malestar por la creación de un límite de retención a los trabajadores por los aportes solidarios. Y es que la Ley de Modernización Laboral dispuso un 2% de tope sobre todas las remuneraciones y la reglamentación lo limita al 2% de los básicos, valores que son muchos más bajos.
Lo que busca el Gobierno es que los sindicatos discutan cambios profundos, como extender la jornada laboral hasta 12 horas y crear el famoso “banco de horas”, “salarios dinámicos (salarios por productividad), en medio del cierre de empresas. Hace poco más de dos semanas, la planta avícola más importante del país, Granja Tres Arroyos cerró su empresa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y despidió a todo su personal. Mientras que a principios de febrero, cerró la fábrica de neumáticos FATE y también cesanteó a los 900 trabajadores que tenía la empresa y este miércoles se movilizarán a Plaza de Mayo.
Creció el empleo en el sector informal
De todos modos, el Gobierno de Javier Milei argumenta que esta reforma laboral permitirá la creación de empleo formal, algo que hasta el momento no se logró. Más allá de la aprobación de la Ley Bases en julio de 2024, que eliminó sanciones y multas a las empresas que no registraron a sus trabajadores. Hay que remarcar que a fines del año pasado, la tasa de empleo informal era de un 43%, abarcando a 9 millones de trabajadores. Además en dos años se perdieron más de 200.000 mil puestos de trabajo en el sector privado y 330.000 mil crecieron en los no registrados.
En ese punto, “hay sectores que empiezan a redistribuir horas de trabajo, en algunos casos junto a la negociación salarial”, de acuerdo al asesor empresario, Héctor García. “Van a haber muchos convenios los que se van a renegociar, es muy difícil para las representaciones y los ámbitos”, expresó Carlos Echezarreta, abogado de las distintas cámaras privadas. Entre tanto, la UIA cree, cree que “va a ser seguramente una pelea en los convenios que tienen pauta salarial por seis meses más”.
Y para avanzar por ese camino, la llave maestra que diseñó Federico Sturzenegger, es descentralizar la negociación colectiva. Y de hecho, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, señaló la semana pasada que la Argentina heredó un sistema laboral desde peronismo que se inspiró en el “fascismo en Italia, con convenios únicos a nivel nacional”, pero que ahora “vas a poder hacer un convenio por Provincias, región, y empresas y va a privar sobre el resto”.
Más participación del sector empresario
Entre tanto, el Artículo 5 del Decreto 407, pide una mayor representación del sector empresario por actividad con un piso mínimo del 10% de los trabajadores del ámbito y permite una representación por jurisdicción, solo en los casos excepcionales hasta dos. Por lo cual, si los empleadores ven imposibilitados conformar una unidad de negociación a escala nacional, sólo podrán negociar convenios por empresa, propiciando una especie de “vaciamiento” de las cámaras empresariales.
“Pueden forzar a modificaciones en los convenios de actividades a nivel nacional, fracturándolos y llevándolos a nivel de empresas para quitarle poder a los gremios”, sostuvo un letrado en off del famoso “Grupo de los Seis”, donde también reconocen que el Gobierno Nacional intenta “desmantelar” el peso de algunas estructuras empresarias a nivel nacional. De hecho, el sindicato de la Alimentación ya advirtió que si tocan el convenio “lo judicializan”.
Por último, será muy difícil determinar la cantidad de trabajadores en el ámbito personal y territorial. Y en consecuencia, muchas empresas no están adheridas a una cámara o una asociación. Por el lado de Comercio, se cumpliría el piso del 10%, sin embargo, los supermercados empujan una fragmentación. Mientras que en el caso de Propaganda Médica, hay tres cámaras (CAEME, CILFA y Cooperala). “Será un verdadero desafío llevar adelante esa intención”, expresó Javier Fernández Verstegen, abogado de Brons & Salas.