“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU“; señaló el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi
El Gobierno Nacional confirmó que no prorrogará el decreto que congeló los precios de los contratos de alquiler y suspendió los desalojos. Además, aseguró que a partir del 31 de marzo, los alquileres se regularán por la nueva Ley de Alquileres.
El fin de la medida supone no sólo el descongelamiento de las rentas sino también la obligación de pagar las diferencias acumuladas entre los montos pagados y los que correspondía pagar.
Estas podrán abonarse en cuotas mensuales, iguales y consecutivas: tres como mínimo y doce como máximo. La primer cuota tendrá que pagarse en abril de 2021.
“A puertas cerradas”
El representante de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli, habló con la prensa y expresó su preocupación por una decisión que considera tomada “unilateralmente”. En este sentido, acusó a Ferraresi de realizar una “gestión a puertas cerradas”.
“El ministro plantea que la ley de Alquileres está implementada pero no es del todo cierto“, señaló y agregó: “falta fundamentalmente lo del alquiler social; que hoy por hoy sería una gran solución para los sectores vulnerables que tengan que enfrentar un nuevo contrato de alquiler; saldar las deudas pendientes y demás“.
En ese marco, la Asociación de Inquilinos lanzó un comunicado donde sugiere no sólo la extensión del decreto de congelamiento, sino también la implementación de políticas de desendeudamiento en 24 cuotas; reducción de deudas; incorporación del alquiler como un ítem de la canasta básica del INDEC y la reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social.
Desde la Defensoría local del Inquilino, acompañaron el reclamo de la Asociación y señalaron mediante una carta que las causas que dieron origen al Decreto siguen vigentes “y la realidad de muchísimxs inquilinxs sigue siendo crítica, producto de la pandemia, la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo“.
Y sumaron: “a lo que se suman los desmedidos aumentos que sufrieron los alquileres en el último año -el doble de la inflación-, por la decisión irresponsable del mercado inmobiliario, inconcebible en un contexto como el que nos toca vivir“.
En Rosario hay un 5% de deudores, en su mayoría, de locales comerciales. La baja en las ventas por las medidas tomadas durante la pandemia hizo muy difícil para algunos inquilinos afrontar la renta de propiedades.
Resta ver cómo afectará la resolución a los negocios que permanecen abiertos y a los miles de ciudadanos que alquilan en Rosario.
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