La iniciativa busca aplicar una tasa del 2% a fortunas de más de 200 millones para crear un fondo de recaudación destinado a fines sociales y sanitarios
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario este miércoles por la madrugada, en una extensa jornada de más de 13 horas.
La iniciativa obtuvo 133 votos en la Cámara Baja, de los cuales 114 pertenecen al bloque Frente de Todos. El resto proviene de la suma de nueve votos del interbloque Federal; seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; dos de Acción Federal y dos del radicalismo.
Los votos en contra se nuclearon en 112 diputados de Juntos por el Cambio, uno de Consenso Federal; uno del Movimiento Popular Neuquino y uno del Partido por la Justicia Social Tucumano.
Por otra parte, los dos diputados pertenecientes al Frente de Izquierda se abstuvieron.
De esta manera, la iniciativa obtuvo la cantidad de votos necesaria para la media sanción y su posterior envío a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo posee amplia mayoría.
Si se aprueba, el Gobierno Nacional podrá recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos destinados a fines sociales y sanitarios, de cara a la pandemia de coronavirus.
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Algunos puntos del proyecto:
El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, también conocido como “impuesto a las grandes fortunas”, comprende el cobro por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la Ley más de 200 millones de pesos.
Esta tasa se elevará hasta al 3,5% dependiendo de la suma total declarada del patrimonio, siendo este máximo el comprendido para valores patrimoniales que superen los 3.000 millones de pesos.
La recaudación de ese aporte se destinará en un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria; 20% a las pymes; 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares; 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa.
Según datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la aplicación de la Ley alcanzaría aproximadamente a diez mil personas.
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