Es por el asesinato de David Campos y Emmanuel Medina, sucedido en junio de 2017 tras una persecución en zona sur. Los familiares consideran que se trató de un episodio de “gatillo fácil”
El Tribunal compuesto por los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana condenó a prisión perpetua a los policías Alejandro Bustos y Leonel Mendoza, acusados de haber disparado contra los jóvenes David Campos y Emmanuel Medina, provocándoles la muerte, en un episodio de “gatillo fácil”.
De esta manera, el debate oral y público que empezó en el Centro de Justicia Penal el 4 de septiembre, concluyó con los dos efectivos condenados como autores materiales del doble homicidio y responsables de “homicidio agravado por abuso de función pública”.
Asimismo, otros 17 policías recibieron condenas de entre 1 y 7 años por cargos relacionados al abuso de armas calificado por ser funcionario público y encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del delito y el carácter de funcionario público.
El fiscal de la causa Adrián Spelta apreció la resolución del Tribunal, que confirmó su hipótesis de que “estos chicos no iban armados y no enfrentaron a los efectivos policiales, y que todo lo que se pergeñó apenas sucedido el homicidio; todo un plan de encubrimiento, era cierto, ya que se eliminaron rastros del delito, desaparecieron vainas y colocaron armas y adulteraron rastros de pólvora en las manos de los jóvenes“.
Y agregó: “El por qué de esa persecución en que mataron a los jóvenes es una pregunta que aún nos hacemos. Es difícil encontrar un motivo a semejante agresión, con diez disparos a un joven y tres al otro“.
La crónica del episodio:
En junio de 2017, David Campos de 28 y Emmanuel Medina de 32, volvían de festejar con amigos un campeonato disputado por Boca Junior, cuando varios patrulleros comenzaron a perseguirlos. Después de casi media hora de persecución, el auto de los jóvenes chocó contra un árbol en las inmediaciones de Cazadores y Callao, en la zona sur de la ciudad.
Como consecuencia de esto, los airbags del Volkswagen Up en el que se trasladaban se activaron, y segundos después los efectivos policiales abrieron fuego contra el vehículo. Medina recibió nueve balazos, y Campos tres; en ambos casos, los impactos de bala les produjeron la muerte.
El fiscal Spelta sostiene que después de corroborar el deceso de los jóvenes, los policías involucrados activaron un “protocolo de encubrimiento”, que consistió en ocultar vainas; plantar dos armas en el auto de las víctimas; alterar la escena del crimen y falsear un acta que firmaron policías del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT).
Esto se confirmó posteriormente a través del testimonio de dos empleadas que rompieron el pacto de silencio y corroboraron la hipótesis de que Medina y Campos estaban desarmados.
Tras la confesión, las arrepentidas sufrieron amenazas y se les asignó la custodia personal permanente de Gendarmería Nacional. Gracias a su aporte en la investigación, recibieron una reducción en sus condenas.
Los familiares de los jóvenes, nucleados en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, celebraron la decisión judicial que esperaron por tres años y señalaron que el caso tuvo todos los componentes para ser considerado un episodio de gatillo fácil.
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