No les importaba cómo habían muerto, vacunos y porcinos eran despostados y comercializados para consumo.
Por orden del Juzgado Federal de San Francisco (Córdoba), personal de Gendarmería Nacional de los destacamentos San Francisco y Río Cuarto realizaron el viernes nueve allanamientos en carnicerías de Colonia San Pedro, San Francisco y Frontera (Santa Fe) por presunto faenamiento clandestino, envenenamiento de alimentos y graves transgresiones a reglas de salud pública.
Se sospecha que una organización faenaba animales muertos por diversas causas en el campo y luego eran vendidas en carnicerías de esas localidades.
Además de Gendarmería, participaron en los procedimientos agentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, de la Dirección Municipal de Bromatología de San Francisco y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Los allanamientos, realizados en forma simultánea, son el resultado de una investigación que llevó adelante durante varias semanas la Fiscalía Federal de San Francisco con efectivos de Gendarmería que arrojó como resultado que la organización habría incumplido la legislación vigente e incurrido “en envenenamiento de alimentos y faenamiento clandestino”, explicó el fiscal federal, Luis María Viaut.
Según trascendió, la investigación comenzó luego de una denuncia anónima que disparó sobre el accionar de una banda que aparentemente faenaba animales muertos en una cremería abandonada de Colonia San Pedro, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de San Francisco. Sin embargo, la pesquisa orientó a los investigadores hacia Frontera ya que sospechan que los dos cabecillas de la organización son oriundos de esa ciudad.
Uno de los comercios allanados en San Francisco está ubicado en calle Resistencia al 300, en barrio La Florida, mientras que en Frontera una de las carnicerías requisadas se emplaza en la esquina de las calles 1 y 60. Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Pablo Montessi a solicitud del fiscal Viaut, por “faenamiento clandestino, envenenamiento de alimentos y graves transgresiones a reglas de salud pública”, establecido por el Código Penal Argentino. Como consecuencia de los procedimientos, se secuestraron tres camionetas, varios freezers y carne espolvoreada con sulfito de sodio, sustancia considerada cancerígena que retrasa la descomposición de la misma.
Según el resultado de la investigación, en la zona de Colonia San Pedro, en una cremería abandonada, se faenaban los animales que se compraban muertos. La organización pagaba entre 800 y 1.000 pesos por cada animal, encargándose ellos de ir a buscarlos a los campos. Cada vez que se moría un animal vacuno o porcino en el campo, el productor se ponía en contacto con estas personas que eran las encargadas de buscarlos.
Antecedente
En septiembre de 2014 las autoridades de Santa Fe emitieron un alerta sanitario por un caso fatal de carbunco o ántrax, un virus que enferma a los animales y que es transmitible al hombre. “El cuadro comienza con una violenta gastroenteritis, vómitos y deposiciones hemorrágicas”, advirtió el entonces ministro de Salud de la provincia, Mario Drisun, quien aconsejó evitar la ingesta de alimentos de dudosa procedencia. El comunicado oficial, emitido por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), avirtió a toda la población que adquiera y consuma carnes y derivados provenientes de establecimientos y lugares seguros.
La medida había sido adoptada tras “la aparición de casos de carbunco en animales y personas (enfermedad virulenta y contagiosa frecuente y mortífera en el ganado lanar, vacuno, caprino y a veces en el caballar, que además es transmisible al hombre), ocurridos en Santa Fe y que ocasionaron una muerte”.
Desde la Assal, se alertó “sobre prácticas llevadas a cabo por personas que se dedican a la compra de animales enfermos, moribundos y muertos por distintas enfermedades (muchas de ellas transmisibles al hombre) para su posterior comercialización”, siendo las formas “más comunes de expendio la carne picada, chorizos y milanesas”.
Un investigador privado, que solicitó reserva sobre su identidad, y sigue de cerca el tema desde hace aproximadamente 10 años, dijo a este diario que “este tipo de organizaciones son habituales en las poblaciones rurales y seguirán existiendo si no surge una seria investigación de parte del Estado por el suculento margen de ganancias que deja a todos los eslabones que intervienen en la comercialización”.
“En ocasiones son organismos del mismo Estado los que forman parte de esa cadena ya que la carne lograda de este modo y a precios irrisorios, termina convertida en milanesas, albóndigas o hamburguesas para proveer a cárceles o comedores escolares”, develó.
También detalló que “su política se basa en la creencia de que el fuego mata toda posibilidad de contagio de enfermedades y, para los casos de venta de la carne sin procesar, le agregan sulfito de sodio para que mantenga el color y no se degrade, sin considerar que es una sustancia considerada cancerígena”.